Pacto ilegal de precios llegó hasta Ecuador, Panamá, Venezuela y EE. UU.
Los consumidores colombianos son víctimas de pactos ilegales entre compañías fabricantes de productos de la canasta familiar que aumentan de manera ficticia sus precios.
Así quedó en evidencia esta semana luego de que el superintendente de Industria y Comercio (SIC), Pablo Felipe Robledo, denunció la existencia del llamado ‘cartel de los pañales’, que implica a cuatro reputadas firmas, hoy en la picota pública: Tecnoquímicas-Tecnosur, Familia S.A., Colombiana Kimberly Colpapel S.A. y Drypers Andina.
Según el expediente, durante 15 años las compañías acordaron subir o bajar los precios de los pañales y hasta la calidad del producto que ofrecían. Todo indica que, a través de este mecanismo, aseguraron ingresos fijos por cerca de $ 7,7 billones y, de paso, su participación en el mercado (geográficamente o por clientes), sin temer que la competencia les quitara su tajada. (Lea también: Los correos electrónicos que enredan al ‘cartel’ de los pañales).
Pero el escándalo no para ahí. EL TIEMPO tuvo contacto con algunos de los investigados y estableció que al menos una de las empresas que cayó en el ‘cartel de los pañales’ está involucrada en otro: el de la comercialización de papel higiénico y de cuadernos escolares que, al igual que los pañales, suben y bajan sus precios de manera coordinada.
Además, en el expediente hay evidencia de que los tentáculos del ‘cartel de los pañales’ llegaron a otros países en los que hacen presencia las compañías involucradas en el escándalo.
Así lo demuestran testimonios y correos en poder de este diario que dan fe de que los implicados contactaron a sus pares en Ecuador, Panamá, Venezuela y hasta en Estados Unidos para aplicar el mismo mecanismo.
Por ejemplo, Adrián Velasco, de Kimberly Ecuador, le pidió, en diciembre de 2005, a Antonio Caicedo, su homólogo en Venezuela, que recibiera a Carolina Arenas, ejecutiva de Familia para “tratar temas de precios y competencia”. Y en otro mensaje, ejecutivos de Kimberly en Estados Unidos y Centro América, alertan sobre una subida de precios para que los demás competidores hicieran lo mismo.
“Todo el mundo en las regionales de las empresas sabían de los acuerdos”, le dijo a la SIC un ejecutivo que colabora con la investigación.
Por eso, para esa superintendencia, es claro que hay “indicios graves de que las compañías en cuestión llevarían años realizando acuerdos anticompetitivos, alcanzando niveles internacionales, en provecho de su presencia en buena parte de América Latina”. Los presidentes y gerentes de las compañías –algunos de ellos condecorados por su labor– aparecen implicados en estos hechos.
Tal vez por eso y por las dimensiones que puede tomar este escándalo, ninguno de ellos ha querido darle la cara al país ni han anunciado si rebajarán los precios.
Sólo Tecnoquímicas-Tecnosur salió a negar su participación en el ‘cartel’, lo que indica que no está entre las firmas implicadas que están colaborando con la SIC a cambio de beneficios. Y aunque esa compañía niega los acuerdos por debajo de la mesa, 700 correos y 30 testimonios contradicen a sus voceros, e involucran a la firma en los pactos ilegales que funcionaron entre el 2000 y el 2013.
‘Los amigos’
Los ejecutivos encargados de la maniobra, que se autodenominaban ‘los amigos’, incluso elegían fechas clave para aplicar el pacto, como el Aniversario del Éxito, de Cafam y de Carrefour, la Recocha de Precios del Vivero, los Días Mágicos de Colsubsidio, el Festival de la Familia, en La 14 y la Megaprima.
La estrategia, que ya fue admitida por dos de las compañías involucradas, se afinaba y monitoreaba en reuniones en los lujosos hoteles Marriott de Panamá y Bogotá y en viajes con todo pago a Lima, Medellín y Cali.
“La verdad, necesitamos que todos nos esforcemos un poco para no dejarnos del cliente”, se lee en un correo enviado en mayo de 2009 por Andrea Madriñán, de Tecnoquímicas, a María Jimena Galvis, de Kimberly y a los ejecutivos Felipe Calle Noreña y Ana María Gaviria Uribe, de Familia S.A.
En los próximos días, la SIC le dará los beneficios de colaboración a las firmas que confesaron la ilegalidad. Y le caerá con todo el peso de la ley a las otras implicadas que insisten en su inocencia y que están expuestas a multas por 60 mil millones de pesos y a nuevas indagaciones por participan en otros ‘carteles’.
Los viajes de Tecnoquímicas
Tecnoquímicas-Tecnosur emitió este miércoles un comunicado en el que dice que se ha distinguido por la transparencia de sus actos. “Como defensores de los principios y deberes de la libre competencia, tenemos la certeza de que nuestras actuaciones han estado apegadas a la ley y han propendido por el bienestar del consumidor”. Pero en la bitácora de reuniones en Panamá y en Lima, para afinar el cartel, aparece asistiendo Francisco José Barbieri Ospina, el gerente y representante de Tecnoquímicas y Tecnosur.