Cada vez el costo de las leyes que tramita el Gobierno en el Congreso se encarece más. En el 2014 su valor fue levemente inferior frente al 2013, pero generaron incremento en el gasto público, según las cuentas del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), documento en el que el Ministerio de Hacienda hace proyecciones para la década y estima gastos e ingresos.
Durante el año pasado, cuando se aprobaron 46 leyes nuevas, el costo de las mismas fue contabilizado en 2,5 billones de pesos, cifra ligeramente similar a la que se estimó en el año inmediatamente anterior (2013) cuyo valor alcanzó los 2,4 billones de pesos, pero para financiar más del doble de proyectos: 95, que fueron los que obtuvieron la firma presidencial.
Si bien el incremento en dicho costo fue solo de 0,1 por ciento, el director de la firma Gestión Legislativa, Javier Hoyos, advierte que no ha habido forma de ponerle coto a la fábrica de leyes, a veces sin medir las consecuencias económicas, tanto para el Estado como para los contribuyentes, quienes a la larga son los que financian la mayor parte de los gastos públicos vía impuestos.
En el Congreso, que hoy inicia un nuevo periodo legislativo, los representantes del parlamento se enfrentan con frecuencia a los del Ejecutivo, porque no se aprueba una coma en las leyes si no tiene el aval del Gobierno.
Pese a ese control, los congresistas terminan metiendo leyes en abundancia y, cuando se muestran los resultados que recopila Marco Fiscal de Mediano Plazo, nuevamente aparece un abultado costo de las aprobaciones legislativas.
El gasto en este sentido ha ido en aumento en los últimos años, toda vez que pasó de 372.000 millones de pesos en el 2003 a la cifra de hoy, que se reparte entre costo permanente y costo transitorio.
Es así como, según el MFMP, 8 de las 46 leyes nuevas aprobadas por el Congreso (17,4 por ciento) no tienen impacto fiscal sobre las finanzas públicas.
Mientras tanto, 17 iniciativas, es decir el 37 por ciento del total, tienen un costo fiscal cuantificable, y cuatro, equivalentes al 8,7 por ciento del total, si bien tienen costo fiscal, todavía no se cuenta con información precisa para estimar su impacto fiscal.
Las más caras
Hay que destacar que, dentro de las leyes con costo cuantificable, la más cara será la que reforma el Código Penitenciario y Carcelario, cuyo impacto fiscal ha sido estimado en 1,1 billones de pesos (44 por ciento del total), de los cuales, 835.000 millones de pesos deberán desembolsarse de manera transitoria y 345.000 millones de pesos se convertirán en gasto permanente.
Esto debido a que dicha ley facultó al Ministerio de Hacienda para disponer los recursos que permitan crear la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), como entidad adscrita al Ministerio de Justicia. En la mencionada ley también se habla de crear establecimientos de reclusión o fusionarlos, según el caso.
Claro está, los costos de las leyes son apenas estimativos. Según una fuente del Gobierno, por lo general los cálculos se quedan cortos con respecto a los recursos que terminan demandando las leyes aprobadas.
Es el caso de una ley que obtuvo el visto bueno en mayo del año pasado, para regular la integración de energías renovables no convencionales al sistema energético nacional, para la cual, si bien se estima que tendrá un costo permanente de 103.000 millones de pesos, el tema como tal no da para hacer una proyección financiera estable.
Para que se pueda poner en marcha la ley que expide el Código de Extinción de Dominio, el Marco Fiscal proyecta que se tendrá que hacer un gasto permanente de 87.000 millones de pesos, debido a que será necesario el pago de jueces especializados en el tema.
Pero la expectativa es que este gasto se convierta luego en un ingreso para la bolsa pública, teniendo en cuenta que el Estado podría pasar a ser propietario de bienes que fueron adquiridos de forma ilícita.
También generó costos para la Nación, por 568.000 millones de pesos, el hecho de que los congresistas hayan decidido crear una ley para rendir honores al municipio de Villa de Leyva (Boyacá), en “el bicentenario del primer congreso de las Provincias Unidas de Nueva Granada”.
Gastos menores fueron acarreados por temas más puntuales, como el establecido en la ley que regula los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedades terminales y crónicas, cuyo costo permanente fue estimado en 220.000 millones de pesos.
En el mismo paquete estaría una ley que tiene un costo fijo de 60.000 millones de pesos y cuya misión es la de “consagrar instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficiencia de la justicia y dicta otras disposiciones”.
Ritmo de iniciativas no amaina
De la mano de las leyes que generaron costos en el 2014, también fueron aprobadas normas que buscan generar desarrollo económico, pero que aparentemente no tienen costo fiscal. En este renglón, el Marco Fiscal de Mediano Plazo anota normas como la aprobación de los presupuestos, tanto de regalías que es bienal, como el presupuesto general, que se cursa anualmente.
Pero este año el ritmo de la tramitación de leyes, con o sin impacto fiscal, no amaina. Para la legislatura que se inicia, solo en lo que va del 2015 se han radicado 45 proyectos de ley. Desde normas para reajustar anualmente las pensiones con el mismo porcentaje en que se incremente el salario mínimo legal mensual vigente, hasta la celebración del día del campesino están en curso y prometen abultar aún más el costo de las leyes del año que contabilizará posteriormente el Ministerio de Hacienda.