La ‘tutelatón’ promovida en el caso del alcalde Gustavo Petro, que congestionó la justicia con más de 500 de estos recursos en diferentes estrados. O el lobby tras la tutela de Fidupetrol en la Corte Constitucional que terminó en el peor escándalo de corrupción en la justicia.
Abusos como esos a la tutela es lo que busca acabar la Defensoría del Pueblo con un proyecto de acto legislativo que este miércoles será radicado en el Congreso.
La iniciativa, que según el defensor Jorge Armado Otálora fue socializada con la Corte Suprema y el Consejo de Estado, propone que en casos de ‘tutelatón’, los recursos sean acumulados ante el juez que emitió el primer pronunciamiento.
Otro de los planteamientos es la inclusión “como causales de improcedencia de una acción de tutela el hecho superado, la interposición de la tutela contra leyes, normas con fuerza de ley y sentencias proferidas por la Corte Constitucional y Consejo de Estado en procesos de constitucionalidad”.
En otros casos, las tutelas contra fallos del Consejo de Estado o de la Corte Suprema seguirían siendo procedentes, pero estas deberán ser resueltas por la Sala Plena y no en salas de tres magistrados.
La Defensoría plantea cambios en la selección de las tutelas. Por un lado propone que sean tres y no dos los magistrados que la seleccionen, también la publicación del acta de la selección con “una breve síntesis de cada caso escogido” y por último promueve la posibilidad de solicitar a la corte una audiencia excepcional “para discutir asuntos relacionados con los casos seleccionados”. En todo caso, será una decisión discrecional.
Así, el cabildeo ante magistrados se acabaría. En el caso de Fidupetrol, que tiene en jaque al magistrado Jorge Pretelt, las visitas del abogado Víctor Pacheco –hoy tras la rejas– quedaron en evidencia en los registros en las altas cortes.
“Ahora, si el abogado lo que quiere es denunciar un hecho de corrupción, el juez o magistrado lo recibirá acompañado de representantes de organismos de control para evitar inconvenientes”, explica Otálora.
La Defensoría señala que el proyecto también busca acabar con la dilación que ocurre en algunos casos. La propuesta es prohibir la suspensión de términos para la práctica de pruebas durante el trámite de la tutela en primera y segunda instancia. “ Esto, con el propósito de evitar la prolongación de la vulneración de los derechos fundamentales de quienes recurren a esta acción”, dice el proyecto.
Además, se incluiría el precedente constitucional (de un fallo) como criterio de interpretación de los derechos fundamentales.
En cuanto al desacato, que es otra de las grandes quejas en la tutela, la Defensoría propone que esos incidentes deberán resolverse máximo en 10 días. Tiempo, que de ser aprobado el proyecto, sería improrrogable. Hoy, puede tardar hasta cuatro meses