¿Quiénes deben responder penalmente por la muerte de los menores que ingirieron un medicamento equivocado?

En medio de la consternación causada por la muerte de dos menores, de 7 y 10 años de edad, como consecuencia de la ingesta de una gran cantidad de Tramadol en lugar del purgante prescrito por un médico, muchos debates jurídicos se han iniciado.

Uno de ellos se centra en analizar la responsabilidad penal de las personas involucradas en la cadena que condujo al fatídico desenlace: de un lado, la persona encargada de la dispensación, quien entregó el medicamento equivocado, por la otra, la mamá de los niños, por haber sido la encargada de suministrarlo.

En efecto, expertos penalistas ya han dejado ver sus opiniones en las redes sociales, aclarando las dudas que han surgido alrededor de este episodio.

En primer lugar, queda claro que no puede hablarse de responsabilidad penal de la droguería. Si bien desde el punto de vista civil otro sería el análisis, debe recordarse que, en Colombia, aún no existe responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Así lo recuerda el abogado Iván Cancino en uno de sus trinos, a propósito del tema:

Además, tampoco cabe duda de la responsabilidad penal que puede endilgarse a la auxiliar de farmacia que, con violación a los protocolos, entregó un medicamento diferente al prescrito en la fórmula médica, tal y como reconoció en un comunicado de prensa la droguería para la cual laboraba. Por eso es que muchos apuntan a que el delito a imputar será el de homicidio culposo.

Sin embargo, el caso de la madre resulta un tema complejo, pues aunque para algunos resulte inconcebible hablar de cualquier tipo de responsabilidad atribuible a la progenitora, lo cierto es que, desde el punto de vista jurídico penal, la discusión sí se presta para analizar diversos temas.

Ahora bien, que se inicie una investigación en su contra no implica, per se, que se esté endilgando responsabilidad, pues, por el contrario, en eventos como el discutido puede entrar a operar la teoría de la “pena natural” y/o la confianza legítima.

Y es que, debe recordarse, en el artículo 34 del Código Penal se contempla, para los delitos culposos o con penas no privativas de la libertad, la posibilidad de prescindir de la pena cuando las consecuencias de la conducta alcanzan, entre otros, a los descendientes.

“Articulo 34. De las penas. Las penas que se pueden imponer con arreglo a este código son principales, sustitutivas y accesorias privativas de otros derechos cuando no obren como principales.

El debate se encuentra, entonces, en determinar si el caso de los dos menores se ajusta a lo dispuesto en el segundo inciso de esa disposición, a fin de determinar si es posible acudir a esta premisa.

Lo anterior considerando que algunos apuntan a que no debe olvidarse la obligación de garantía que impone la responsabilidad de protección de los padres sobre los hijos o la posición de garante.

El debate está abierto y serán las autoridades las encargadas de determinar el rumbo de este doloroso caso.

fuente: https://www.ambitojuridico.com/