El exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons podría terminar siendo calificado como un gran defraudador del erario en el país. A la fecha, la Controlaría ha contabilizado que los desfalcos de los que sería responsable suman más de $66.000 millones, que se habrían despilfarrado en casos de corrupción en ese departamento. A esto se suman los 11 procesos que adelanta la Fiscalía en su contra. Estas investigaciones no hacen parte del preacuerdo que Lyons logró con la Fiscalía y por el que selló el pacto para ser el principal delator en el caso del cartel de la toga.
La Contraloría ha seguido con las investigaciones y ahora descubrió que el exgobernador de Córdoba sería responsable de un desfalco de $5.000 millones que corresponden a tres procesos en programas de salud basados en neurodesarrollo. El ente de control sostiene que, durante las auditorías que realizó en 2016 a los movimientos de 2015, se hallaron tres nuevos procesos, los cuales se están manejando desde Montería.
Uno de ellos, que ascendería a $3.326 millones, habría ocurrido “por pagos irregulares efectuados por la administración departamental, sin que el exgobernador Lyons hubiera efectuado el seguimiento y verificación necesarios para garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el reconocimiento y pago de servicios no POS, a favor de afiliados al régimen subsidiado”.
La clave estaría en una irregularidad que se presentó en la variación del término equinoterapia, un tratamiento que se hace a través de caballos para sensibilizar al paciente y desarrollar sus capacidades cognitivas. Entre las personas a las que beneficia están los pacientes con síndrome de Down y los que sufren distintos tipos de discapacidad.
Las enfermedades que no cubren las EPS debe costearlas el Estado, a través de las respectivas gobernaciones. El ente de control aseguró que durante el mandato de Lyons se habría modificado ese término y se le habría agregado una técnica basada en el neurodesarrollo, para sacar la terapia de la lista que cubren las EPS y manejar los recursos directamente desde la Gobernación. Agregó que, pese a no haber tenido ningún soporte científico para validar el tratamiento, habría dado vía libre para ello como parte de un entramado de corrupción.
El sistema, al parecer, fue similar al del cartel de la hemofilia, pues habría utilizado pacientes falsos para simular terapias que nunca se prestaron, pero que sí las pagó la Gobernación. El ente de control asegura que en este segundo proceso se habrían perdido $1.345 millones. Las investigaciones muestran que en julio de 2015, por ejemplo, se facturaron 274 pacientes, de los cuales ninguno recibió el tratamiento completo.
En el tercer proceso habría $86 millones de por medio, los cuales se habrían perdido a través de sobrecostos en las terapias. La Gobernación pagaba más de lo que facturaba cada tratamiento.
Sobre el caso del exgobernador Lyons, el contralor general, Edgardo Maya Villazón, solicitó “celeridad en el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal con el fin de decretar cuanto antes las medidas cautelares a que haya lugar, insistiendo en que todas las demás decisiones de impulso y de fondo que resulten pertinentes, deben tener el carácter de prioritario y urgente”. Los documentos ya están en manos de la Fiscalía, que deberá tomar medidas en las próximas semanas.
Los procesos pendientes
Lyons escapó a Miami (Estados Unidos) en abril de 2017. Allí, en colaboración con la DEA, desató el mayor escándalo de corrupción en la justicia del país. El exgobernador entregó información clave sobre las presiones que venía recibiendo para pagar una millonaria suma a cambio de tener información confidencial de las investigaciones en su contra. Esas declaraciones llevaron a la captura del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y el abogado Leonardo Pinilla, quienes están pendientes de la extradición a Estados Unidos. Y se destaparon otros casos en contra de magistrados, congresistas y gobernadores.
Esto llevó a que la negociación del exgobernador Alejandro Lyons se convirtiera en algo clave. El pasado 20 de febrero, la Corte Suprema de Justicia legalizó el preacuerdo al que llegó con la justicia. El alto tribunal lo sentenció a pagar cinco años y tres meses de prisión y una sanción económica de $4.000 millones como reparación por el delito de concierto para delinquir. Así las cosas, el ente investigador suspende la acción penal por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, en el que también está negociando. Esto no significa el archivo de procesos en su contra.
Lyons se comprometió a declarar contra tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia: Francisco Ricaurte, José Leónidas Bustos y Camilo Tarquino, así como contra el exdirector de anticorrupción de la Fiscalía Luis Gustavo Moreno, el abogado Leonardo Pinilla, el excongresista Musa Besaile, el hermano de éste y gobernador suspendido de Córdoba Edwin Besaile, entre otros. La lista es larga, pero también lo son las investigaciones contra el exgobernador, quien enfrentará más procesos ante la justicia colombiana, así como la gringa.
En la Fiscalía tiene 11 procesos. El primero es el homicidio de Jairo Alberto Zapa Pérez, exdirector de Regalías de Córdoba. Lo siguen los desfalcos a la salud en Córdoba con el cartel de la hemofilia;tratamientos inexistentes a enfermos de sida; tratamientos a pacientes inexistentes con síndrome de Down; el carrusel de la educación; irregularidades en los contratos de ciencia y tecnología, y la extinción de dominio de bienes adquiridos por él y su núcleo familiar.
La Procuraduría, por su parte, ya formuló pliego de cargos contra Lyons y el suspendido gobernador Edwin Besaile, así como contra los secretarios de Salud de uno y otro, Edwin Preciado y José Pareja Alemán, por las órdenes de pago de cerca de $5.000 millones a Funtierra Rehabilitación IPS, sin que existiera contrato con el departamento para la realización de las terapias de neurorrehabilitación.
También sigue una indagación preliminar contra los exgobernadores Alejandro Lyons; Juan Carlos Abadía, de Valle del Cauca, y Sandra Paola Hurtado Palacio, de Quindío, por el cartel de la toga. Todos ellos señalados por el exfiscal Luis Gustavo Moreno Rivera de entregar dineros para frenar procesos en su contra.
En la Contraloría están los procesos fiscales por el desfalco de más de $54.000 millones del cartel de la hemofilia. También los más $1.345 millones por el cartel del síndrome de Down. Además de procesos por el presunto mal manejo de los recursos de las regalías destinados a la ciencia y la tecnología.
Con todo esto, el ventilador de la corrupción ya tiene una condena en su contra, busca protección especial para su familia y cuando esté de regreso al país espera ser recluido en una guarnición militar, por seguridad. Con el tiempo se sabrá si tendrá más beneficios con las cuentas pendientes.
fuente el elespectador.com